Más de 80 casos documentados: prisión preventiva, tortura certificada y "convenios" que entregan tierras, casas y empresas.
Este sitio existe para documentarlo con resoluciones judiciales, peritajes y certificaciones — cada pieza verificable por cualquiera — y para que nadie pueda decir que no se sabía.
LOS NOMBRES DEL EXPEDIENTE — TOCA UN ROSTRO PARA IR A SU FICHA
Presentó los amparos contra una expropiación que la justicia federal declaró "viciada de origen". La fiscalía pidió 23 años y $12,961 millones de pesos.
Aseguran, detienen, exigen; la prisión preventiva rompe a la persona; un "convenio" entrega el patrimonio; el expediente se abandona. La justicia federal ya dijo que esas causas son improcedentes — y siguen abriéndose.
Tres fraccionamientos asegurados en un día; la liberación, condicionada a denunciar a la constructora.
Ver caso →Cinco notarios perseguidos; tres presos; uno murió tras años de acoso. Un tribunal federal revocó las cuatro vinculaciones contra uno de ellos.
Ver caso →Más de $1,800 millones de pesos en predios entregados tras meses de prisión preventiva.
Ver todos los casos →Personas cuyo nombre consta en los documentos de este expediente. Salvo indicación expresa, ninguna ha sido condenada por los hechos aquí documentados; la información proviene de resoluciones judiciales, documentos públicos y prensa citada. Si usted es una de las personas mencionadas y desea ejercer réplica, será publicada íntegra.
Ex fiscal (2011-2017). Se declaró culpable ante una corte federal de EE.UU. (2019) de usar la fiscalía para delinquir. En su despacho trabajó, como MP adscrita, quien hoy es la fiscal general [prensa citada].
Ex gobernador. Designado por el Tesoro de EE.UU. (2019, EO 13818) por apropiación de bienes del estado y sobornos del narcotráfico, junto con familiares y empresas.
Gobernador (2021-). Una jueza federal declaró el desacato "plenamente demostrado" y ordenó vista penal en su contra (mar-2026). Una denuncia asentada desde 2018 (CI/TEP/2018) declara entregas de efectivo forzadas; ocho años sin avance [prensa citada].
Fiscal General (2025-). Fue MP adscrita al despacho del fiscal hoy condenado en EE.UU. [prensa]. Como directora del FIBBA firmó contrato con la empresa del financiador asesinado [doc.]. En conferencia grabada: los predios "no eran del FIBBA".
Asesor jurídico del Gobernador. Instrumento 46,093: cargo público y poderes privados el mismo día. Prensa nacional documentó 14 transferencias >$36 mdp a su despacho [Proceso, atribuido]. Presentó el fondo como modelo "RAIF de Luxemburgo" [video].
Empresario. El decreto expropiatorio del propio gobierno nombra a su empresa acreedora preferente, y los únicos predios excluidos del polígono son los de su fondo [doc. A14].
Rostro y nombre únicamente con consentimiento escrito y revocable. Las demás historias se presentan protegiendo la identidad. Menores de edad: nunca. Las imágenes de detenciones se muestran solo con consentimiento de quienes aparecen, o se enlazan a la prensa que las publicó.
"[Cita del testimonio en sus propias palabras.]" — espacio reservado conforme lleguen los consentimientos.
Su denuncia (CI/TEP/2018) relata secuestro, extorsión, tortura y entregas de dinero forzadas; lo detalló en entrevistas publicadas [enlaces]. Ocho años sin avance.
Relatos archivados con fecha cierta y bajo resguardo, hasta que sus protagonistas decidan. El registro también es memoria.
Cada pieza con su huella criptográfica de integridad (SHA-256): cualquiera puede verificar que lo que descarga es exactamente el original. El expediente se publica por versiones y queda replicado en espejos y en Internet Archive.
SHA-256: 2c26948b3d1dbbd0cc18f1251dc8a9fa19ba642f11e4aa01eb4fd6fd09f26fdeSHA-256: [por publicar]SHA-256: [por publicar]Índice descargable [por publicar]Tres niveles, siempre por escrito y revocables: identificado · anonimizado · solo registro histórico. Ningún relato se publica sin verificación y consentimiento expreso.
Si enfrentas persecución por tu ejercicio profesional, la Barra Mexicana cuenta con el órgano "Defensa de la Defensa".
Press kit con cronología verificada, documentos clave y contacto. El expediente completo se entrega a requerimiento.
Somos una iniciativa dedicada al acceso a la justicia para víctimas de tortura y despojo cuando las instituciones encargadas de protegerlas están capturadas por la corrupción. Documentamos con rigor verificable, preservamos la memoria para que nada pueda negarse después, y acompañamos a las personas afectadas ante instancias nacionales e internacionales. Nuestro primer proyecto es el Expediente Nayarit.
Buscamos personas comprometidas con la legalidad: abogados, comunicadores, académicos, afectados y ciudadanos. La adhesión es como miembro o como firmante de acciones concretas.
Documentación con niveles de verificación públicos (N1-N6) · archivo permanente con huellas de integridad · acompañamiento de casos ante organismos nacionales e internacionales · difusión editorial semanal.
No publicamos señalamientos sin verificar · no recaudamos fondos · no perseguimos fines partidistas · no sustituimos a las autoridades: las documentamos.
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