Quince años, dos ciclos, el mismo método. Cada afirmación de esta narración tiene detrás un documento, una resolución o una fuente citada; los señalamientos sin verificar no se cuentan aquí.
Bajo el gobierno de Roberto Sandoval, el fiscal Édgar Veytia convirtió la procuración de justicia de Nayarit en un sistema de despojo: detenciones, tortura y libertad a cambio de propiedades. No es una acusación de este sitio: Veytia se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos (2019) de usar la fiscalía para delinquir, y el Tesoro de EE.UU. designó a Sandoval bajo su programa de sanciones por corrupción (2019). En 2021, organizaciones internacionales presentaron ante la Corte Penal Internacional el informe "Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit": 71 casos documentados de aquel periodo.
Soportes: condena E.D.N.Y. · designación OFAC 17-may-2019 · informe FIDH-Idheas 2021Una denuncia formal, asentada ante la propia fiscalía desde junio de 2018, declara que Veytia obligaba a una comunicadora a entregar dinero en efectivo al hoy gobernador; ella detalló las entregas en entrevistas publicadas. La denuncia no registra avance en ocho años. En paralelo, prensa nacional documentó que Sergio Carmona — el "rey del huachicol", asesinado en noviembre de 2021 semanas después de buscar contacto con la DEA — financió campañas de 2021 en varios estados, Nayarit entre ellos.
Semanas después del cambio de gobierno, la empresa transportista de Carmona recibió un contrato de obra hospitalaria por $117.6 millones de pesos — adjudicado y firmado el mismo día, sin licitación, tres días antes de su asesinato. Después de muerto, sus empresas siguieron recibiendo contratos: uno de ellos, para el propio fideicomiso FIBBA, firmado por quien hoy es la fiscal general del estado.
Soportes: exp. CI/TEP/2018 y entrevistas [prensa] · contratos [docs.] · investigaciones de prensa nacional [atribuido]La nueva administración lanzó el "Megaoperativo Nuevo Nayarit" para "recuperar" tierras del fideicomiso Bahía de Banderas. La justicia federal resolvió — en sentencias firmes y reiteradas — que esos hechos están prescritos y son de competencia federal, no estatal. La fiscalía siguió abriendo causas idénticas. En más de cuatro años y más de 80 casos documentados, ninguna llegó a sentencia de fondo en juicio: las prisiones preventivas terminan en "convenios reparatorios" que transfieren el patrimonio del imputado, y los expedientes se abandonan. Escrituras canceladas en audiencias penales — incluso de terceros que nunca fueron parte —, cuentas congeladas, fraccionamientos enteros asegurados en un solo día.
Soportes: sentencias federales de prescripción y competencia [docs.] · casos en la pestaña "Los casos"Lo "recuperado" no vuelve a los beneficiarios del fideicomiso — los ejidatarios expropiados, que tienen una sentencia federal firme incumplida —. Fluye, a través de un fideicomiso puente, al "Fondo Soberano Nuevo Nayarit": un fideicomiso público operado por una sociedad privada, presentado en conferencia grabada por el asesor jurídico del gobernador como el modelo "RAIF de Luxemburgo" — un vehículo cuya característica es no tener supervisión directa del regulador financiero.
Soportes: Decreto 330 [doc.] · Sexto Convenio Modificatorio [doc.] · sentencia ejidal 41/2005 [doc.] · video de conferencia [grabación con hash]Esa mañana, tres suspensiones federales prohibían publicar el decreto expropiatorio. La sesión del tribunal que levantaría dos de ellas comenzó a las 11:41. El gobierno publicó a las 12:01 y 12:02. El tribunal votó hasta las 12:34. El gobierno publicó 33 minutos antes del fallo que hoy invoca como justificación — con la tercera suspensión vigente todo el tiempo.
Cuando los amparos estorbaron, la maquinaria fue por los abogados. Joel Marín García, quien presentó los amparos contra la expropiación, fue detenido; la fiscalía pidió 23 años y una "reparación" de $12,961 millones de pesos. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, pidió el cese de su "intimidación y criminalización" (noviembre 2025). El 7 de julio de 2026 — un día antes de su audiencia — quedó certificada ante fedatario la coacción para que se declarara culpable. El 8 de julio se declaró culpable. Al segundo abogado de la defensa se le giró orden de aprehensión en contravención de una suspensión federal vigente. Cinco notarios han sido perseguidos; tres estuvieron o están presos; uno murió tras años de acoso penal.
Soportes: Opinión BMA 28-nov-2025 [doc. con hash] · certificación notarial y grabaciones [hash] · resoluciones [docs.]Una jueza federal ordenó investigar penalmente al gobernador. Han pasado meses sin avance conocido. La solicitud de juicio político contra la fiscal ingresó al Congreso local — cuya ventanilla y órgano calificador están integrados por personas señaladas en la propia solicitud. Este sitio existe para que nada de esto pueda decirse que no se sabía.
El expediente completo, con huella de integridad de cada documento, está en la sección Documentos.